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Los regantes del entorno de Doñana siguen sin conocer, un año después, las bases de la convocatoria de las ayudas que el Ministerio para la Transición Ecológica prometió para la reconversión de buena parte de los cultivos de frutos rojos del entorno de Parque Nacional, y que tenían como objetivo reducir la presión sobre el acuífero.
Sin esas bases, no es posible saber quiénes tendrán derecho, y en qué condiciones, a esas subvenciones, por lo que la incertidumbre empieza a hacer mella entre quienes, inicialmente, se habían mostrado dispuestos de renunciar a sus explotaciones. De momento, desde la oficina técnica creada por el Ministerio para poner en marcha el plan se les asegura que las bases podrían publicarse antes de final de año. Pero entre los regantes hay miedo de encontrarse un documento cerrado, sin posibilidad de enmienda, que no satisfaga sus demandas. Y, si eso ocurre, presionarán para que se reactive la proposición de ley (impulsada por el PP y Vox en el Parlamento andaluz) para reconocer legalmente en torno a 1.700 hectáreas de cultivo que carecen actualmente de derechos de riego.
"Los agricultores han sido los que más han arriesgado con el Pacto de Doñana, ya que aceptaron la congelación de esa proposición de ley que, al menos, habría resuelto la situación legal de muchos regantes que se habían quedado fuera de la regularización del año 2014. Pero no nos pueden pedir que abandonemos los cultivos si no tenemos claro cómo serán esas ayudas y qué condiciones se exigirán. No podemos hipotecar nuestro futuro a ciegas", ha explicado a EL MUNDO el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, Manuel Mora, que fue alcalde de Lucena hasta 2023. "Si no tenemos noticia de las ayudas pronto, habrá que retomar la negociación para activar la proposición de ley en el Parlamento Andaluz", ha añadido.
El Pacto de Doñana, firmado el 27 de noviembre de 2023 por la (hasta ayer) ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se fraguó para resolver un conflicto que se arrastraba desde la aprobación del Plan de la Fresa del 2014, una reordenación de cultivos de regadío en la comarca que dejó fuera a muchos propietarios que durante una década han estado reivindicando sus "derechos históricos" para seguir cultivando frutos rojos.
Ante la falta de derechos de riego, en la zona proliferaron pozos ilegales que contribuyeron a agravar el deterioro de las masas de agua que alimentan los humedales de Doñana. En paralelo, el PP y Vox promovieron una ley para regularizar la situación de esos cultivos que habían quedado fuera de la ordenación de 2014, lo que disparó todas la alarmas de las organizaciones ecologistas y de las autoridades de la Unión Europea.
El pacto alcanzado entre la Junta y el Gobierno de Pedro Sánchez frenó ese proyecto de ley (que no llegó a retirarse pero quedó sobre la mesa) a cambio de garantizar ayudas a los agricultores para la reconversión de sus cultivos, con el objetivo de aliviar la presión sobre el acuífero.
Para las explotaciones situadas en los cinco municipios de la Corona Norte de Doñana (Almonte, Lucena del Puerto, Moguer, Bonares y Rociana) se prometieron ayudas de hasta 100.000 euros por hectárea, siempre que los agricultores accedieran a renunciar a los cultivos y renaturalizar el suelo. 70.000 euros los aportaría el Gobierno, 20.000 la Junta y 10.000 la Diputación de Huelva. También recibirán ayudas los agricultores con tierras en otros 14 municipios del área de influencia de Doñana, pero para ellos sólo estarían disponibles los 70.000 euros por hectárea del Gobierno.
La Plataforma en Defensa del Regadío del Condado reclama al Ministerio y a la Junta más información sobre las bases de la convocatoria para poder concertar su contenido. "Es importante, por ejemplo, que las ayudas puedan cobrarse en un plazo máximo de cinco años, porque sólo así los agricultores podrán retirarse", apunta Manuel Mora. "Los agricultores lo han dado todo por este pacto: retiraron la proposición de ley del Parlamento andaluz, su única baza hasta entonces para salvar sus explotaciones, y ahora esperan que las administraciones respondan".
El Gobierno andaluz, por su parte, confía en que las subvenciones lleguen pronto, aunque se ha mostrado muy crítico con el hecho de que el Ministerio haya dado prioridad a las ayudas comprometidas con los ayuntamientos, antes que a las de los agricultores. "La situación que padecen esos agricultores es la que nos llevó a sentarnos y a alcanzar el acuerdo que luego afortunadamente ha tenido otras muchas derivadas", ha explicado al respecto el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, en unas declaraciones recogidas por la agencia Efe.
"Desde el Gobierno central entendieron que no, que había que empezar por los ayuntamientos, por lo que, ahora, lo que queremos todos es que esas bases salgan lo antes posible y que atiendan la realidad de los agricultores del Condado, de los cinco municipios de la Corona Norte de Doñana, que fueron el origen de toda la situación que posteriormente vivimos", ha añadido.
Asimismo, Fernández Pacheco ha asegurado que, en lo que respecta a la Junta, "la práctica totalidad de las medidas incluidas dentro del pacto están ejecutadas o en marcha". "Somos firmes defensores de ese pacto. Lo rubricamos, orgullosos de haber alcanzado un hito histórico en un momento de especial conflictividad en nuestro país y teniendo a Doñana como epicentro. Y lo vamos a defender a capa y espada como la mejor solución para garantizar el desarrollo socioeconómico de los municipios de todo el Condado, al tiempo que salvaguardamos la gran joya ecológica de nuestro país que es el Parque Nacional de Doñana", ha subrayado.